Las políticas de inclusión no consolidadas, la burocracia institucional y sus protocolos, la desigualdad de oportunidades y la falta de comunicación a la población en general sumadas al comportamiento individualista de la ciudadanía, en Latinoamérica hacen que la puesta en marcha de un sistema de identificación civil eficiente continúe demorándose en tiempo y forma, a pesar de la aparente preocupación e interés que los actores involucrados en este tema han expresado, al menos, en las últimas dos décadas.

En los años transcurridos de este siglo, exceptuando unas pocas naciones, en la región han gobernado diferentes tendencias políticas, un abanico de colores que en dicho lapso dejó un resultado levemente positivo en cuestiones de identificación infantil. Ámbito, precisamente, donde aún hay un trecho importante por andar, en algunos países más que en otros, sobre todo en partidas presupuestarias, en la aplicación de tecnologías de punta, en las prioridades de sus políticas sociales y en sus metas humanísticas. 

En la zona, un alto porcentaje de la población todavía carece de los medios necesarios para sobrevivir dignamente, a duras penas si subsisten gracias a la caridad o a su propio ingenio porque los medios a su alcance no cubren sus necesidades básicas, motivo por el cual este sector social no tiene opción de elegir si su compromiso de vida participará más en el ámbito colectivo antes que en el propio, más allá de su posible tendencia a convivir en una comunidad iberoamericana “fraternal y solidaria”.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas (UNICEF), entre otros, periódicamente les acercan a las instituciones domésticas propuestas de cambio y metas para optimizar los sistemas de identificación.

Cada conjunto de participantes obligados en estas decisiones -Estado, ciudadanía y organizaciones internacionales-, en estos últimos veinte años ha recorrido su camino manteniendo una asimetría de responsabilidades y compromisos con respecto al eje del círculo social que integran en este caso. 

Unos y otros, muchos de ellos probablemente sin tener conciencia plena de ello, han recorrido el campo común de un sistema de identidad ciudadana carente de prioridades humanitarias y de privacidad, cambiando los derechos de la gente por obligaciones y viceversa, y argumentando su proceder tergiversando las razones vitales: trata de niños, secuestros y desapariciones; libertad, privacidad, derechos humanos, sociales y politicos, entre otros.

En el informe de UNICEF de 2019 ¿Qué es el registro del nacimiento y por qué es importante?, el autor Leah Selim menciona “la existencia de 166 millones de niños sin registrar en los países subdesarrollados y en el mundo 237 millones de menores de 5 años no disponen de un certificado de nacimiento. Las razones de no inscribir dichos nacimientos son varias, entre ellas, la falta de medios institucionales y de recursos individuales. Actualmente el 75% de los menores de 5 años están registrados, mientras que en el año 2000 sólo lo estaba el 60%. Para el año 2030 podría lograrse el registro universal de los nacimientos, siempre que la inversión y el compromiso adecuados así lo permitan”.

En 2019 el BID, en el informe Registros Civiles y oficinas de identificación Estefanía Calderon detalla -cuantitativa y cualitativamente- la situación actualizada de 20 países de la región, citando que, “a diferencia de otras zonas, Latinoamérica y el Caribe han adecuado sus políticas y programas de registro, contando ahoracon un sistema nacional de identidad”. 

Indudablemente ambas instituciones -BID y UNICEF- en estos informes manifiestan cierto interés por conquistar en una plazo de 10 años su meta final: la inclusión de todas las personas en un registro de identificación universal. 

Pero los gobiernos dudosamente podrán cumplir tal objetivo para esa fecha, ya sea por la idiosincracia de sus pueblos o por los problemas presupuestrarios y políticos; temas que, generalmente, ocupan la mayor parte de su tiempo. Normalmente, sus metas son económicas y, rara vez, los gobernantes propenden al humanismo y al bienestar común. 

Por lo visto hasta aquí, supuestamente los Estados y las organizaciones internacionales están involucrados en esta problemática para evitar la exclusión social; sucintamente, desean evitar la explotacion laboral infantil, el reclutamiento a fuerzas paramilitares, el matrimonio infantil, la trata de personas y las adopciones ilegales; quieren que las personas tengan acceso a la salud, a la educación, a los servicios sociales y a los programas de apoyo;  que obtengan su derecho al voto, a la herencia y que puedan abrir cuentas bancarias y accecer a documentos de identidad nacionales e internacionales; mientras que para los Estados auguran que estos datos les permitiran elaborar estadísticas y políticas públicas.

Este último punto, sumado a los procesos de identificación propuestos por las instituciones previamente citadas, contiene un factor gris que merece ser despejado: la diferencia entre los argumentos empleados por las instituciones que facilitaría un control dominante sobre la población y aquellas premisas que realmente deberían implementarse para darle a la gente (niños, adolescentes y adultos) la seguridad y la privacidad que merecen sus datos de filiación y el uso que hace de su propia libertad.

Si los medios estatales utilizados al presente, tratando de responder a los objetivos primarios de un sistema de identidad civil contienen: fotografía, impresiones digitales y ciertos rastros biométricos y demás detalles formales, y a la postre estos resultan ser insuficientes para evitar la trata de personas, el robo de identidad, los secuestros y el acceso a la herencia, por ejemplo. ¿Aquellos funcionarios que están a cargo, no deberían agregar al método vigente de identificación el perfil genético y el reconocimiento del iris de las personas, que tienen niveles de exactidud superiores al de las huellas dactilares: en el primer caso, tres veces y seis en la biometía del iris. ¿Qué lograron hasta ahora, después de 20 años, para dar resupuesta asertiva a la mayor prioridad de estos sistemas: la protección e inclusión del ser humano

En fin, la optimización del sistema biométrico y de tantos otros elementos que contienen las diferentes prácticas de identificación podría aliviar la resistencia que determinadas personas tienen sobre su implementación, si ella observara un método de identificación libre de ambiguedades argumentativas que, entre otras cosas, le asegure su privacidad y seguridad, y sea correctamente informada del uso que las instituciones nacionales e internacionales le darán a sus datos.  

Al caso, resultaría interesante que la gente reflexionara sobre este tema particular y resuelva en consecuencia, quizá regresando a la simetría axial correspondiente, antes mencionada; en primera instancia, priorizando sus necesidades, derechos y  libertades individuales antes que las de control-Estado/institución-dominio; en segundo término, relegando aquellas imposiciones arbitrarias de cualquier organismo nacional o internacional que intente vulnerar su libertad y sus derechos humanos, sociales y políticos sin siquiera aportarle un valor agregado significativo al tema en cuestión. 

El uso de la razón colectiva debe imperar sobre las actitudes rescatistas de una determinada situación social a la que la ciudadanía ha llegado merced a la voluntad impuesta por la burocracia dominante de turno. La falta de coincidencia, entre los medios impuestos ahora y la finalidad de la vida, podría dejar una huella profunda en el espíritu humano difícil de borrar. ¡Rescatémonos!

Bibliografía:

Banco Interamericano de desarrollo: www.iadb.org  

Conferencia internacional sobre gestión de la identidad -2014.

Inventario de los registros civiles e identificación de América Latina y el Caribe -2010.

Sub-registro de nacimientos e indocumentación; metodología y medición -2010.

Registros civiles y oficinas de identificación; análisis y fichas de países -2019.

UNICEF: www.unicef.org 

Oscar


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